Por: Luis Carlos Barrios Bueno[1]
“En todas las sociedades, desde las que están muy poco desarrolladas y apenas alcanzaron el alba de la civilización, hasta las sociedades más adelantadas y poderosas, aparecen dos clases de gentes: una clase que gobierna y una clase que es gobernada”, ya hace más de un siglo manifestaba Gaetano Mosca en los primeros intentos de esbozo de una teoría elitaria. Es cierto que Mosca, de manera precisa no habló de elite, pues le parecía un mejor concepto el de clase gobernante, al contrario de Vilfredo Pareto, quién sí utilizo el concepto de élite, para definir a este pequeño grupo de gente que gobierna a la gran mayoría.
Ahora bien, en el marco de la democracia, en la cual aún consideramos se vive, la reflexión teórica nos conduce forzosamente a plantearnos el problema de las élites, cuya presencia ineludible dentro de un aparato administrativo estatal pareciera ser contradictora con la esencia de la democracia, tomada ésta desde el punto de vista purista y etimológico ¿Es compatible el gobierno para las mayorías con el predominio real de una minoría burocrática en el poder? Pareciera que en la democracia representativa, que es indirecta por naturaleza, no podemos escapar de la acción elitaria desde el Estado.
La obtención, conservación y pérdida de status (referido a la élite) se relacionan no sólo con cuestiones como el momento histórico, el enlace con los gobernados o el azar, sino que la elite política necesita justificar su lugar en la sociedad; es decir, necesita de un discurso que dé sentido a su papel frente al gobernado y ante ella misma, un discurso que identifique ambos grupos como partes de una unidad y justifique la búsqueda de poder y estabilidad en él para uno de ellos. Así, en cuanto el discurso de la clase gobernante choca con lo proyectado y vivido por la clase gobernada se hace necesario el cambio. Esta justificación, esta ilusión general cuya moralidad dependería del ser consciente, en mayor o menor medida, de los objetivos perseguidos por la clase que la propone, es una “fuerza social que sirve para cimentar poderosamente la unidad y la organización políticas de un pueblo y de una civilización entera”, según Mosca escribió hace años atrás.
La obtención, de este título de élite, para el grupo que gobierna debe darse en algún momento de la historia. En Tarija, la formación de la élite o clase gobernante se inició en 1825, donde ya se midieron fuerzas entre las familias y grupos sociales de la época, donde se debatía la anexión o no de Tarija a lo que hoy es Bolivia, y en ese entonces denominado Alto Perú.
Los apellidos de las familias que estuvieron participando de aquel hecho histórico, aún están presentes en el ámbito público y privado, que con el paso de las generaciones fueron acumulando, desde fortunas, hasta fama o renombre por su aporte o no a la sociedad tarijeña y boliviana. Pero, hay que dejar en claro que esto no es una recriminación o halago a ninguna persona o familia, pues este fenómeno de formación de élites es común en la civilización humana, por lo tanto, no puede ser valorado como bueno o malo; de manera simple es una constante en todas las formaciones sociales.
Este último tiempo, por todos los acontecimiento ocurridos no sólo en la región, sino en el país, y porque no decirlo, el continente, están dando lugar a la conformación nuevas élites, nuevos grupos gobernantes que seguramente darán lugar a un nuevo ciclo en esta sucesión de hechos históricos que irán marcando el devenir para las generaciones futuras.
Y es que en Tarija a raíz de varios acontecimientos políticos, sociales y económicos la élite gobernante está dando lugar a el ingreso de nuevas personas y apellidos a este selecto grupo, con su consentimiento o no, pero se está dando el caso. Y tal vez, en algunas décadas más, veremos a gente completamente ajena a la realidad
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